Comunicado sobre la intervención de Vicentín
Consideramos que la intervención de la empresa Vicentín constituye un hecho ilegal dado que sólo puede ser dictada por la Justicia y no por el Poder Ejecutivo; lo que valida lo que venimos indicando desde el CEEAXXI sobre los problemas de institucionalidad y de falta de previsibilidad que tiene Argentina. Estamos ante un proceso de quiebra que debe ser realizado legalmente a través de los fueros judiciales correspondientes y no por decreto, avasallando la división de poderes.
La estatización consolida la visión de que es sólo el Estado, mediante el Banco Nación, el que es acreedor de la empresa Vicentín. Sin embargo, hay 1.895 productores que entregaron su producción a la empresa y también son acreedores. Hace 6 meses que estos productores están esperando para cobrar lo que les corresponde.
Así, se pidió ante la Justicia la quiebra de la empresa Vicentín para que un sindico determine que con los activos de la empresa se trate de resarcir a los acreedores. Este proceso no es nada nuevo, otras compañías relacionadas han pasado problemas similares, pudiendo renegociar la deuda y sanearse.
No podemos dejar de mencionar, además, que proceder a la expropiación en medio de una negociación de deuda con acreedores externos plantea inconsistencias en el discurso oficial. Mientras negamos nuestros compromisos como Nación, alegando incapacidad de pago, nos ofrecemos a hacernos cargo de compromisos de terceros.
Por otra parte, queremos indicar que no existe ninguna forma de asegurar la llamada “soberanía alimentaria” mediante la estatización de esta empresa, debido a la propia estructura productiva de la misma. Sumado a esto, que el Estado tome esta empresa implica que todos los contribuyentes deberemos afrontar, con nuestra elevada carga impositiva, las deudas de la empresa y los futuros déficits que tendrá, como otras experiencias de estatización de empresas así lo indican.
Es decir, nacionalizar las pérdidas de la empresa Vicentín, lejos de garantizar prosperidad y desarrollo para Argentina, sólo nos volverá a los ciudadanos un poco más pobres. Si el Estado desea garantizar una alimentación digna a los ciudadanos, le suplicamos que baje la carga impositiva de los alimentos y productos de la canasta básica, y elimine las regulaciones del sector agrícola-ganadero para que puedan crecer las inversiones y la producción.
Jorge Lago – Director de Agroindustria del Centro de Estudios Económicos ARGENTINA XXI