El resentimiento al empresario
Los tiempos que corren nos encuentran como sociedad afrontando una de las pocas problemáticas que, a pesar del descomunal avance de las ciencias y la técnica, aún no hemos logrado erradicar. El avance del COVID-19 se presenta en todo el mundo como una amenaza sanitaria que preocupa a especialistas, pero también como un potencial cisne negro que pone a tambalear a los mercados globales.
Es en ese contexto de preocupación internacional que nuestro país se encuentra atravesando por la pandemia. La gran diferencia entre nuestro país y la gran mayoría de las restantes naciones de Occidente es la frágil situación de nuestra economía frente al desarrollo constante que ha tenido el PBI del resto del mundo.
No nos corresponde hacer un análisis de valor sobre la medida tomada por el Poder Ejecutivo Nacional respecto de la cuarentena total y obligatoria, evaluación que se prefiere dejar a los especialistas en el campo de la salud y la medicina. Sin embargo, es relevante señalar el impacto negativo que el aislamiento tiene sobre una economía que ya se encontraba seriamente deteriorada.
El freno de la economía pone en riesgo la solvencia financiera y la continuidad de la actividad de un gran número de PyMEs, así como distintos comercios de las grandes y pequeñas ciudades. Pero no solo afecta a los empresarios y comerciantes, sino también a los trabajadores contratados que ven en riesgo sus puestos de trabajo, y también a los profesionales independientes que se ven imposibilitados de trabajar.
El problema se extiende cuando analizamos la posibilidad de que se deteriore la cadena de pagos al verse impedidos a cubrir parte o todas las obligaciones contraídas por estos agentes económicos.
Toda esta cadena de eventos que se están desatando y comienzan a verse en nuestro país, no tuvieron una respuesta positiva por parte de la dirigencia política. Muy por el contrario, las medidas de contención se evidenciaron en la dirección opuesta a lo que cabría esperar para mitigar el impacto de estos desequilibrios.
Así, podemos observar como moneda corriente en los distintos medios de comunicación, la clausura y cierre de los establecimientos comerciales por parte de las autoridades tanto municipales o provinciales, como de la AFIP. Clausuras arbitrarias, justificadas en los “desproporcionados” aumentos de precios por parte de los comercios y supermercados. Declaraciones de distintos titulares de organismos descentralizados tendientes a fustigar a los empresarios y comerciantes para que sus ingresos sean los que solventen la crisis.
Vemos cómo, nuevamente, se levanta la inconfundible voz de un discurso clasista donde la dirigencia política pretende señalar y mostrar a la vista de todos a un enemigo común. En sus palabras, una minoría que busca atentar contra la gran parte de la población o, para ser más precisos, el “pueblo” al que está elite gobernante “pretende” defender.
En esta lógica, lo importante es la construcción de un enemigo común fácilmente identificable por la gran mayoría de la sociedad, al que pueda achacarse la totalidad de las problemáticas socioeconómicas. Es así como vemos con preocupación que la figura elegida por parte de la dirigencia política es la representada por el “empresario”. Esa figura que se carga siempre de malas intenciones, un especulador natural que se vale de la explotación al trabajador y al pueblo en general al que obliga a comprar cosas que no necesitan a valores exorbitantes.
Sin lugar a duda, esta realidad exacerba las preocupaciones y los miedos de una sociedad que ve peligrar sus fuentes de ingresos, que ve como aumentan los precios de los bienes y servicios básicos para la subsistencia y se encuentra obligada a permanecer en sus hogares. Así, el escenario actual es el caldo de cultivo para revivir y alimentar conflictos sociales que buscan dividir a la población y enfrentar a unos contra otros.
Una vez realizada esa construcción, vuelve a verse en los distintos espacios y charlas de café con familiares y amigos las mismas expresiones de siempre. Ingenuamente la gran parte de la población se pregunta, atizada por la furia que le da su actual situación, por qué no quitarles parte de su riqueza a esos empresarios “especuladores” para utilizarla en beneficio de todos. El miedo y la frustración no permite proyectar a futuro las consecuencias de los actos que pretenden llevar a cabo, pero tampoco plantea la duda de si eso es suficiente para solucionar los problemas de la Nación.
El objetivo de este informe, elaborado por Ignacio Zorzoli, es dar respuesta a estos interrogantes. En primer lugar, se analiza cuántos problemas se pueden solucionar si redistribuimos las fortunas de los hombres y mujeres más ricos del país. En segundo lugar, pondremos a prueba el hecho de si realmente esas fortunas se consiguieron en base al abuso de la sociedad toda, personas que no tuvieron más remedio que aceptar esa explotación.
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