Las promesas incumplidas del Sistema de Reparto

A finales del año 2008, tras catorce años de la sanción de la Ley N° 24.241 por la cual se establecía la creación de un Sistema Previsional basado en dos pilares uno público y uno privado, el Estado Nacional argentino tomó la decisión de poner fin a esa experiencia. El Sistema Previsional creado a partir de la mencionada ley no sólo implicaba una modificación del sistema previo, sino que implicaba una reestructuración completa de lo que hasta ese momento existía en nuestro país. Con la sanción de la Ley N° 24.241 nació un Sistema Previsional basado en dos pilares bien marcados. Por un lado, un pilar administrado por el sector público con una lógica basada en una estructura de reparto, exactamente igual a lo que había existido en el país hasta ese momento. Por otro lado, la novedad que surgió en el aquel año 1994, era el surgimiento de un pilar de administración privado basado en una lógica de capitalización individual.


Luego de ese corto período para lo que a reestructuraciones de sistemas se refiere, el gobierno nacional tomó la decisión de eliminar el pilar privado, disolver las empresas que se dedicaban a administrar los fondos producto de los aportes y estatizó la totalidad del dinero que los trabajadores habían ahorrado.


El proceso de vuelta al status quo que significó la creación del Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA) de administración pública en su totalidad y con una lógica de reparto, pudo lograrse a partir de una creciente demanda de la sociedad por las falencias que mostraba la estructura institucional previa. Esta demanda de la sociedad fue promovida y en muchos momentos impulsada por el propio gobierno nacional, actor fundamental de una serie de críticas al sistema que nació en el año 1994.


Estas críticas se basaban en dos grandes frentes, en función del sector de la población a la que estaba dirigido. Por un lado, se planteó la imposibilidad real del Sistema Previsional Argentino para incrementar la cobertura previsional para gran parte de los adultos mayores. Esto generó un aumento del disgusto del sector de la sociedad que estaba había quedado excluida de las fuentes de trabajo formales y para las cuales el orden nacido a mediados de la década de 1990 no había podido dar respuesta. Por otro lado, las críticas se basaban en las altas tasas de comisiones sobre aportes que imponían las AFJP, algo que licuaba los futuros haberes previsionales, y un ataque por la caída de la rentabilidad de las carteras de inversión que las AFJP administraban tras el estallido de la crisis de las hipotecas subprime. Este segundo punto se centró en generar un aumento del descontento de una parte del sector de la sociedad que sí gozaba de una cobertura. Todo esto estuvo acompañado por una serie de promesas que el gobierno nacional realizó a partir de la posibilidad de retornar a un Sistema Previsional público basado en el régimen de reparto. Según lo que justificaba el gobierno, al volver al status quo y dejar atrás el sistema viejo, el propio Estado Nacional gracias a una administración más eficiente y justa, podría dar respuesta a esas demandas que crecían en la sociedad.


El objetivo del presente informe, escrito por nuestro Director de Finanzas, Ignacio Zorzoli, es justamente analizar el desempeño del SIPA a lo largo de los trece años que lleva vigentes y poder corroborar si esas promesas realizadas por parte del Estado Nacional pudieron concretarse. Para acceder al informe, hace click aquí.





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